Introducción
En el presente Texto, analizaré en términos comparativos la transición a
la democracia tanto en Argentina como en Chile. En nuestro país desde 1983,
con Raúl Ricardo Alfonsín, como presidente perteneciente al partido político
Unión Cívica Radical, y cuyo Gobierno termina en 1989, y en el caso de chile
con Patricio Aylwin Azócar afiliado al partido Democracia Cristiana que gobernó
dicho país desde el 11 de marzo de 1990 al 11 de marzo de 1994. Luego lo
sucedió Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también perteneciente al partido Democracia
Cristiana hasta el 11 de marzo de 2000. Ambos presidentes chilenos tuvieron el
apoyo de la Concertación de Partidos por la Democracia.
El enfoque teórico con el cual vamos a referirnos es el Institucionalismo.
En el análisis de la transición argentina, ésta es comparada con los procesos de
Chile teniendo en cuenta la actuación de los regímenes militares instalados y la
cuestión de los derechos humanos. La pregunta que cabe hacernos y que
intentaremos responder en el presente texto es: ¿Las transiciones democráticas
de Argentina y de Chile fueron pactadas?
En primera instancia, voy a referirme brevemente al contexto histórico en
el que se dieron los procesos militares y la vuelta a la democracia en Argentina
y en Chile.
La dictadura de Pinochet
La dictadura de Augusto Pinochet podría ser dividida en dos partes. En
primer lugar: desde 1973 hasta 1980. El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas
militares encabezadas por el dictador Augusto Pinochet derrocaron al presidente
Salvador Allende que había llegado al Gobierno a través de una alianza política
y electoral de partidos, movimientos y agrupaciones sociales de centro e
izquierda; Chile vivía desde hacía meses en una tensión creciente y el rumor de
un inminente golpe aumentaba. El pronunciamiento fue bien recibido por un
amplio sector de la sociedad chilena, enemiga de las reformas llevadas adelante
por Allende. Una segunda etapa, desde 1980, cuando se produce la reforma
constitucional hasta 1990. Esta segunda etapa con mayor participación civil en
el Gobierno dictatorial. Pero ambas etapas caracterizadas por la violación de los
derechos humanos.
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En lo económico, en la década del 70, Chile fue el primer país a nivel
mundial en implementar el modelo neoliberal, materializándose éste con la
privatización de numerosas empresas y bancos estatales, que fueron vendidos
a particulares a precios irrisorios y eliminando barreras arancelarias de las
empresas locales, entre otras medidas.
Los militares chilenos desencadenaron una fuerte represión contra los
militantes, dirigentes y simpatizantes de la Unión Popular (UP), que se saldó con
miles de detenidos y centenares de muertos; hubo una violación permanente y
sistemática en materia de derechos humanos. Esta represión fue comandada
por el Gobierno Central Policial, integrado por la policía de seguridad estatal
(Central Nacional de Informaciones), las fuerzas armadas, los carabineros, y los
grupos armados que se dieron a la tarea de perseguir a los tildados “terroristas”,
“marxistas” y “a todo disidente que estuviera en contra del Gobierno”, tal como
lo ordenó el general Pinochet. Las violaciones de los derechos humanos también
estuvieron vinculadas a la violación de los derechos civiles y políticos de los
chilenos; así como también se llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad
(desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales), genocidio y crímenes de
guerra.
Cabe recordar que se elaboraron tres informes derivados de tres
Comisiones de la Verdad, cuyo contenido fueron los relatos de las víctimas con
sus terribles experiencias personales respecto de los crímenes cometidos por
agentes del Estado (1)
. Los nombres de los victimarios, recogidos en la Comisión
Valech I, sin embargo, sólo se darán a conocer en el año 2054, por disposición
del expresidente Lagos y la ley de Amnistía (2), decretada por la dictadura el 19 de
abril de 1978 y que sigue vigente.
La relación del Pinochetismo y el Peronismo
Augusto Pinochet tuvo el apoyo de otras dictaduras del continente como
la de Paraguay, liderada por Alfredo Stroessner Matiauda, pero también de los
Gobiernos elegidos democráticamente como el de Domingo Perón y el de María
Estela Martínez de Perón. Después de la renuncia de Héctor José Cámpora,
asume la presidencia de la Nación, Raúl Alberto Lastiri (durante 3 meses, desde
el 13 de julio al 12 de octubre de 1973) que hasta ese momento era el presidente
de la Cámara de Diputados y había sido elegido por el Frente Justicialista de
Liberación (FREJULI). En este breve Gobierno, se decretaron 3 días de duelo
por el derrocamiento de Salvador Allende, pero a una semana del Golpe se
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1)El primer informe, denominado informe Rettig, recogió solamente los casos de muerte y desaparición.
2) El Decreto ley de amnistía Nº 2191 que, en el Artículo 1°, señala: “Concédase amnistía a todas las personas
que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la
vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas”
reconoció la dictadura liderada por Pinochet. Lastiri era yerno de José López
Rega, en consecuencia, la derecha peronista comienza a ganar mayor espacio
no sólo en el Gobierno, sino también en el movimiento.
Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón ganan las elecciones el
23 de septiembre de 1973 y, por tanto, Perón asume su tercera presidencia el
12 de octubre de 1973. Siete meses después, más precisamente el 16 de mayo
de 1974, se produce un encuentro entre Perón y Pinochet en la Base Aérea de
Morón en la República Argentina, después de la visita de Pinochet a Alfredo
Stroessner Matiauda en Paraguay. En ese encuentro, el dictador chileno le
manifestó a Domingo Perón su preocupación por los chilenos que se habían
escapado del país trasandino por la dictadura y que se encontrarían en las
fronteras argentinas. Allí, se produce el pacto entre las fuerzas de seguridad e
inteligencia del Gobierno peronista y el de Pinochet para actuar en forma
coordinada y frenar, según ellos, la subversión a ambos lados de la cordillera.
El Gobierno de Salvador Allende en Latinoamérica era el único Gobierno
marxista que había conquistado el poder por la vida democrática. Perón
desconfía enormemente de la izquierda guerrillera, esto explica el pacto que
hace con Pinochet. Pero no era sólo su desconfianza, sino que le tenía un
enorme rechazo, así quedó reflejado el primero de mayo de 1974, en un masivo
acto: Perón echó a la izquierda peronista -Montoneros- cuando estos
cuestionaban al general en el balcón, con cánticos como «¡Qué pasa, qué pasa,
qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular!» o «¡Se va a
acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!». A lo cual, Perón respondió de
forma contundente: «No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían
ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de veinte
años, pese a estos estúpidos que gritan» (3) y, además, en otro tramo del discurso
fue aún más duro al decir que «a través de estos veinte años, las organizaciones
sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes
pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”.
Era tan evidente la convivencia del peronismo con Pinochet que no se
termina el 1 de julio de 1974 con la muerte de Perón, sino que continúa con María
Estela Martínez de Perón. Esto queda reflejado en el encuentro que tiene la
nueva mandataria con Augusto Pinochet el 18 de abril de 1975, también en la
Base Aérea de Morón. Uno de los motivos de la reunión fue acordar entre ambos
mandatarios la estrategia de cómo aniquilar a la subversión organizada.
La vuelta de la democracia en Chile
En 1980, la dictadura de Pinochet dicta una nueva Constitución en un
contexto de bonanza económica, y lo hace utilizando el marketing y un eslogan
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3 https://www.youtube.com/watch?v=kafFS9KdlNQ
“la constitución de la libertad”. Jesús Rodríguez, citando a Arriagada, dice que la
Constitución “establecía que el presidente de la República no tendría
contrapesos de poder democráticos, sino de órganos burocráticos representados
por las fuerzas armadas y el poder judicial, que no eran generados por la
voluntad popular” (4), además dicha Constitución establecía que el presidente
seguía siendo Augusto Pinochet hasta 1989. El texto de la Constitución de 1980
fue plebiscitado el 11 de septiembre de 1980 y aprobado por el 67,04% de los
ciudadanos chilenos.
También Jesús Rodríguez, citando a Arriagada, afirma que “el proceso de estudio de esta Constitución había tomado 5 años en la comisión redactora del ante proyecto, 22 meses en el informe del consejo de estado, 40 días para su aprobación por la junta militar pero solo admitiría 30 días para que fuese conocida, discutida y votada por el pueblo en un plebiscito” (5). Claramente, el régimen no quería que el pueblo participará y que conociera con profundidad el plebiscito.
El 5 de octubre de 1988 se lleva adelante un plebiscito donde la mayoría
de los ciudadanos chilenos rechazó la nominación del general Augusto Pinochet
Ugarte como presidente de la República. Como dice Francisco Cumplido
Cereceda: “abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los partidos políticos
integrantes de la Concertación por la Democracia, opositora al Gobierno militar,
el partido Renovación Nacional que lo apoyaba y el propio Gobierno militar, para
introducir reformas a la Constitución Política de 1980, con el fin de que hubiera
gobernabilidad democrática” (6). En Chile, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se presentó como candidato a la presidencia de la República en representación de la Concertación de Partidos por la Democracia, obteniendo la mayoría de la votación con un 55,2%.
El 11 de marzo de 1990, asumió como presidente de Chile al recibir de parte
de Augusto Pinochet la banda presidencial. Aylwin y su Gobierno se enfrentaron
a la difícil misión de restablecer la democracia bajo la mirada vigilante de las
Fuerzas Armadas, en un período en que sus integrantes aún gozaban de las
garantías que ellos mismos habían establecido y en el cual la lealtad del
estamento castrense hacia su general fue casi inquebrantable. Aylwin tuvo que
lidiar con las amenazas de Pinochet de interrumpir la democracia ante las
acusaciones o intentos de procesos de militares.
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4)Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
5)Ídem
6) https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100018
La Dictadura en Argentina
En el caso argentino, la dictadura instaurada en 1976 fue la última de una
serie de dictaduras que comenzaron en 1930 y que continuaron con los golpes
de Estado suscitados en 1943, 1955, 1962 y 1966. La última dictadura también
llamada “Proceso de Reorganización Nacional”, se inició con el derrocamiento
de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y duró hasta 1983.
Sumió a la sociedad argentina en la página más cruel y trágica de toda nuestra
historia nacional. Los militares se organizaron en una primera Junta para
gobernar el país, a la que seguirían otras tres.
Durante esa etapa se sucedieron varios presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone. La dictadura se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién
nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. El régimen dictatorial creó los
centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE, CCDyE o CCD
por sus siglas); estos fueron instalaciones secretas preparadas por las Fuerzas
Armadas y de seguridad de Argentina.
La dictadura militar buscó la impunidad dictando la ley de autoamnistía
que llamaron “ley de pacificación nacional, medidas políticas y normativas
tendientes a sentar las bases de la definitiva pacificación del país”, y que en su
artículo 1° decía: “Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de
los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el
25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por
esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal
realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a
prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas,
cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de
esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o
encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares
conexos” (7). Además, el proceso argentino estuvo marcado por la Guerra de
Malvinas que se desarrolló a partir 2 de abril y culmina el 14 de junio de 1982.
La derrota de Malvinas fue el inicio del fin de la dictadura en ese momento
conducida por Leopoldo Fortunato Galtieri. La última dictadura tuvo el
consentimiento de un sector importante del pueblo argentino y el silencio
ensordecedor de algunos medios de comunicación, como bien lo afirmó Alfonsín:
“Fue un exceso de autocensura o directamente de complacencia” (8).
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7 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm
8 Alfonsín, Raúl. Memoria Política, transición a la democracia y derechos humanos. Fondo de Cultura
Económica. 2004. Buenos Aires.
La vuelta de la democracia en Argentina
En la década del 80 en la Argentina, existía un bipartidismo fuerte que
hegemonizaba el escenario de la política de nuestro país: la unión Cívica Radical y el Peronismo. Los principales candidatos eran Ítalo Argentino Luder por el Peronismo y Raúl Alfonsín por el Radicalismo.
El candidato del Justicialismo aceptaba la ley de autoamnistía dictada por los militares y que establecía la imposibilidad de enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado. En cambio, Raúl Alfonsín la rechazó y no sólo proponía derogarla, sino que proponía los tres niveles de responsabilidad: “los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, y los que se habían excedido en el cumplimiento”(9); esto es lo que se denominó Ley de obediencia debida. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín obtuvo un triunfo contundente con el 52% de los votos, derrotando a Ítalo Argentino Luder, quien alcanzó el 40% de los votos. En efecto, la realización de elecciones generales y la asunción de un presidente electo por la mayoría de la población se volvieron -en ese sentido sólo un primer paso.
Marcos Novaro, citando a Guillermo O’Donnell, ha afirmado que las
transiciones democráticas en nuestro continente pueden ser clasificadas en dos
categorías. En el caso de la transición chilena, fue precedida y acompañada de
acuerdos entre el régimen autoritario en decadencia y las fuerzas democráticas,
lo que la constituyó en un proceso lento, condicionado por el poder remanente
de los militares. En el caso de Argentina con Raúl Alfonsín, donde los acuerdos
estuvieron ausentes, los militares no lograron imponer condiciones porque las
fuerzas democráticas derrotaron en forma inapelable al autoritarismo y al
régimen dictatorial. Alfonsín recibió una pesada herencia como legado, en
términos de crisis económica, violaciones a los derechos humanos y debilidad
del Estado. Estas transiciones se dieron en un contexto muy difícil porque todos
los países de la región tenían un régimen militar.
El nuevo Gobierno que comienza en 1983 en Argentina, liderado por Raúl
Alfonsín, fue un Gobierno de transición del autoritarismo hacia la democracia,
presentado como un proceso de ruptura. En el caso argentino se dio una
transición no pactada. Es por eso que Raúl Alfonsín, apenas dos días después
de asumir como presidente, firmó dos decretos, 157 y 158; el primero establecía
la necesidad de investigar penalmente a los referentes de grupos armados como
los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.); y el segundo,
ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron las tres Juntas Militares
ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los
homicidios, torturas, detenciones ilegales y desapariciones de personas,
perpetrados entre 1976 y 1983, e inspirados en la Doctrina de la Seguridad
Nacional.
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9) Alfonsín, Raúl. Memoria Política transición a la democracia y derechos humanos. Fondo de Cultura
Económica. 2004. Buenos Aires.
El 15 de diciembre de 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP) para esclarecer el pasado violento de la última dictadura militar. La CONADEP desempeñó la función de recibir denuncias y pruebas. Posteriormente, esos documentos fueron enviados a los jueces para averiguar el paradero de personas desaparecidas y así, determinar el sitio donde pudiesen encontrarse los niños y personas secuestradas; situación que conllevaría a emitir un informe final.
A diferencia de la transición democrática argentina, la chilena fue acordada y/o pactada, tal es así que la democracia chilena con el presidente Patricio Aylwin Azócar debió lidiar con condicionamientos aceptados en la negociación entre actores políticos y el régimen dictatorial. Uno de los condicionamientos estuvo vinculado a la Constitución reformada por Pinochet en 1980. Dicha reforma le sirvió a la dictadura de Pinochet como garantía de
supervivencia de instituciones y procedimientos autoritarios al interior del nuevo
sistema político.
Jesús Rodríguez dice claramente que los condicionantes más importantes a la transición democrática chilena fueron: el “sistema electoral binominal, que relativizaba la representación a las minorías; los senadores designados y no elegidos” (10); esto significó la legitimidad de Pinochet como senador vitalicio en su condición de expresidente de la república. Rodríguez también afirma que la rigidez extrema para los procedimientos de la reforma constitucional de la Constitución de 1980 condicionó muchísimo la transición, en consecuencia, “limitó a la organización de la Corte Suprema de Justicia; el afianzamiento de la ley de amnistía y a la competencia de los tribunales militares, la permanencia del general Pinochet como comandante en jefe del ejército entre los años 1990-1998; la inmovilidad administrativa de los funcionarios designados por la dictadura” (11), y por último, la prohibición al nuevo congreso para disponer de facultades de investigación sobre los hechos acontecidos durante la dictadura de Pinochet.
Hall, Peter y Taylor afirman que los institucionalistas históricos definen a
las instituciones “como el procedimiento formal o informales, rutinas, normas y
practicas insertadas en la estructura organizacional de la política o de la política
económica”(12). Los procesos mencionados, pese a las diferencias con respecto a
cómo se dieron las transiciones que marcamos anteriormente, estuvieron
caracterizados por un fuerte institucionalismo.
Hall, Peter y Taylor citando a Ecksteim y Apter, afirman que el modelo institucionalista histórico le da “gran importancia a las instituciones políticas formales”(13); es lo que ha pasado con los actores políticos de la transición a la democracia, sobre todo en el caso argentino donde se pudo ver con claridad en la campaña alfonsinista que estuvo marcada por un discurso institucionalista, tal es así que en cada cierre de acto terminaba
recitando el Preámbulo de la Constitución argentina. Sin dudas, la vuelta a la
democracia significó que las instituciones volvieran a funcionar, la división de
poderes, el funcionamiento del poder judicial, el estado de derecho, elecciones
libres, alternancia en el poder, el respeto por las libertades individuales, la
libertad de expresión, el pluralismo y republicanismo. Además, la democracia lo
que permite con un sistema altamente institucionalista, conforme a Hall, Peter y
Taylor, es que las instituciones brinden mayor certidumbre sobre el
comportamiento de los actores en el juego democrático. En consecuencia, les
dan mayor persistencia a las instituciones.
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10) Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina en la transición democrática.
11) Ídem
12) Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres nuevos
institucionalismos”.
13) Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres nuevos
institucionalismos”.
Conclusión
La transición democrática argentina por el contexto latinoamericano
colmado de Gobiernos dictatoriales en la década de los 80 y, por haber juzgado
los crímenes más atroces en la historia reciente de nuestro país, la ruptura con
ésta y la no negociación de condiciones de impunidad para los militares, es
considerada un ejemplo de “justicia transicional”. No existe ningún país en el
mundo que haya hecho, en materia de derechos humanos, lo que la Argentina
hizo en el periodo de 1983 a 1989 juzgando a las juntas militares, ni siquiera en
el juicio de Núremberg. Este último fue llevado a cabo por tribunales especiales
impuestos por los países que ocuparon territorios derrotados militarmente. En
Argentina, los juzgamientos se hicieron con jueces naturales emanados de la
Constitución.
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Bibliografía
Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor (1996) “La ciencia política y los tres
nuevos institucionalismos” Estudios políticos 44, 1996.
Novaro, Marcos (2015) Transición democrática y legados autoritarios en
argentina, Chile y Uruguay.
O’donnell, Guillermo (1982) «Notas para el estudio de procesos de
democratización política a partir del estado burocrático-autoritario», Desarrollo
Económico, n.º 86, vol. 22, julio-septiembre.
Jesús Rodríguez (2011) El caso Chile. La guerra fría y la influencia argentina
en la transición democrática.
Alfonsín, Raúl. Memoria Política transición a la democracia y derechos
humanos. Fondo de Cultura Económica. 2004. Buenos Aires.