Contra la oligarquía financiera

l 27 de febrero de 1953 la República Federal de Alemania se hunde bajo el peso de las deudas y amenaza con arrastrar a todos los países europeos en la tormenta. Preocupados por su propia salvación, sus acreedores –entre ellos, Grecia– toman nota de un fenómeno que sólo ha sorprendido a los liberales: la política de “devaluación interna”, es decir, la reducción de salarios, no garantiza el pago de las sumas adeudadas, sino más bien lo contrario.

Reunidos en Londres en una cumbre extraordinaria, veintiún países deciden reconsiderar sus exigencias teniendo en cuenta las capacidades reales de su aliado para hacer frente a sus obligaciones. Reducen la deuda nominal acumulada por la República Federal en un 60%, le conceden una prórroga de cinco años (1953-1958) y un plazo de treinta años para pagar. También establecen una “cláusula de desarrollo” que autoriza al país a no dedicar al pago de la deuda más de una veinteava parte de sus ingresos de exportación. Así, Europa acaba de hacer lo contrario del Tratado de Versalles (1919), colocando los cimientos del desarrollo de la Alemania Occidental de posguerra.

Hoy, sesenta años después, precisamente lo mismo propone la Coalición de la Izquierda Radical griega (Syriza): proceder a contrapelo de los pequeños tratados de Versalles que imponen la canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, a los países europeos endeudados e inspirarnos en uno de los momentos de más clarividencia que haya conocido la Europa de posguerra.

Los diferentes programas de “salvataje” de los países de Europa del Sur fracasaron, cavando pozos sin fondo e invitando a los contribuyentes a que traten de volver a llenarlos. Arribar a una solución global, colectiva y definitiva al problema de la deuda nunca fue tan urgente. Y no se entiende cómo un objetivo así pueda ser eclipsado para garantizar la reelección de la canciller alemana.

La propuesta de Syriza

En tales condiciones, la idea que propone Syriza de una Conferencia Europea sobre la deuda, basada en el modelo de la Conferencia de Londres sobre la deuda alemana en 1953, representa, desde nuestro punto de vista, la única solución realista y beneficiosa para todos: una respuesta global a la crisis crediticia y al comprobado fracaso de las políticas desarrolladas en Europa.

Lo que pedimos para Grecia, entonces, es lo siguiente: la reducción significativa del valor nominal de su deuda pública acumulada; la prórroga para el pago de la deuda, a fin de que las sumas conservadas sean afectadas a la recuperación de la economía; el establecimiento de una “cláusula de desarrollo”, de modo que el pago de la deuda no ahorque la recuperación económica, y la recapitalización de los bancos, sin que los montos en cuestión sean contabilizados como deuda pública del país.

Estas medidas deberán apoyarse en reformas que apunten a una distribución más justa de las riquezas. En efecto, terminar con la crisis implica romper con el pasado que permitió generarla: trabajar para la justicia social, la igualdad de derechos, la transparencia política y fiscal, en suma, para la democracia. Un proyecto de tales características sólo podrá ser implementado por un partido independiente de la oligarquía financiera, ese puñado de empresarios que tomaron al Estado como rehén, de corsarios solidarios entre sí y exentos de impuestos, de dueños de la prensa y de banqueros entrometidos (y en quiebra), sobre quienes pesa la responsabilidad de la crisis y se esfuerzan por mantener el statu quo. El Informe Anual de 2012 de Transparency International así lo esclarece cuando designa a Grecia como el país más corrupto de Europa.

Esta propuesta constituye la única solución, a menos que nos contentemos con el aumento exponencial de la deuda pública en Europa, donde ya supera, en promedio, el 90% del Producto Interno Bruto (PIB). Lo que nos hace optimistas es que nuestro proyecto no puede ser rechazado, pues la crisis ya está corroyendo el núcleo duro de la zona euro. La única consecuencia de su postergación es acrecentar el costo económico y social de la situación actual, no solamente para Grecia, sino también para Alemania y el resto de los países que adoptaron la moneda única.

Durante doce largos años, la zona euro –inspirada en dogmas liberales– funcionó como una simple unión monetaria, sin equivalente político y social. Los déficits comerciales de los países del Sur eran la imagen invertida de los excedentes registrados en el Norte. Además, la moneda única sirvió a Alemania, al “enfriar” su economía luego de la costosa reunificación de 1990.

Pero la crisis de la deuda desestabilizó este equilibrio. Berlín reaccionó exportando sus recetas de austeridad, lo cual agravó la polarización social en los Estados del Sur y las tensiones económicas del centro de la zona euro. Ahora aparece un eje Norte-acreedores/Sur-deudores, nueva división del trabajo orquestada por los países más ricos. El Sur se especializará en los productos y servicios con fuerte demanda de mano de obra con sueldos básicos; el Norte, en una carrera por la calidad y la innovación, con –para algunos– salarios más elevados.

La propuesta de Hans Peter Keitel, presidente de la Federación Alemana de la Industria, en una entrevista en el sitio de internet de Der Spiegel, que apunta a transformar a Grecia en “zona económica especial” (1), revela el verdadero objetivo del memorándum (2). Las medidas previstas por ese texto, cuyo alcance se extiende al menos hasta 2020, terminan en un estrepitoso fracaso, que ahora reconoce el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, para sus autores, el acuerdo tiene la ventaja de imponer una tutela económica a Grecia, colocándola en la categoría de colonia financiera de la zona euro.

Así pues, su anulación constituye el paso previo a cualquier salida de la crisis: lo mortal es el remedio, no la dosis, como sugieren algunos.
También habrá que preguntarse por las otras causas de la crisis financiera en Grecia. Las que llevan al despilfarro del dinero público no han cambiado: por ejemplo, el costo por kilómetro de rutas construido más alto de Europa, o la privatización de las autopistas disfrazada de “prepago” de nuevos ramales… cuya construcción ha sido interrumpida.

La profundización de las desigualdades no puede ser reducida a un efecto secundario de la crisis financiera. El sistema fiscal griego refleja la relación clientelista que une a las élites del país. Como un colador, está acribillado de exenciones y favores ilícitos hechos a medida para la corporación oligárquica. El pacto informal que, desde la dictadura, une al empresariado y a la hidra de dos cabezas del bipartidismo –Nueva Democracia y Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok)– sella su sostenimiento. Es una de las razones por las que hoy el Estado renuncia a obtener los recursos que necesita mediante impuestos y prefiere reducir continuamente los sueldos y pensiones.

Pero el establishment –que sobrevivió por poco a las elecciones del 17 de junio (3), sembrando el miedo respecto de una eventual salida de Grecia de la zona euro– vive gracias a la asistencia respiratoria de un segundo pulmón artificial: la corrupción. La difícil tarea de quebrar la connivencia entre medios políticos y económicos –una cuestión que no concierne sólo a Grecia– constituirá una de las prioridades de un gobierno popular conducido por Syriza.

Reclamamos, por ende, una prórroga del pago de la deuda para cambiar a Grecia. Sin ello, todo nuevo intento de saneamiento financiero nos convertirá en Sísifos condenados al fracaso. Con la diferencia de que, esta vez, la tragedia ya no concierne sólo a la antigua ciudad de Corinto, sino a toda Europa.

1. “BDI-Chef will Griechenland zur Sonderwirtschaftszone machen”, Der Spiegel Online, 10-09-12,www.spiegel.de
2. N. de la R.: Acuerdo firmado en mayo de 2010, que impone la austeridad a Grecia, a cambio de su “salvataje” financiero.
3. N. de la R.: Con el 29,66% de los votos, el partido Nueva Democracia (derecha) se vio obligado a formar una coalición con el Pasok (12,28% de los votos) y la Izquierda Democrática (6,26%). Syriza, que quedó segundo, registró un resultado del 26,89% (10 puntos más que en la elección legislativa de mayo de 2012), y el partido de extrema derecha, Amanecer Dorado, un 6,92% (un retroceso del 0,8% respecto de mayo de 2012).

Cronología 

1967-1974. Dictadura de los Coroneles.

1981. Adhesión a la Comunidad Económica Europea.

2001. Ingreso a la zona euro.

Noviembre de 2004. Atenas admite haber manipulado sus cuentas públicas para simular respetar los criterios de Maastricht.

Octubre de 2009. George Papandreu, del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), llega al poder. Lleva la previsión del déficit público del 6% al 12,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Diciembre de 2009. Las agencias de calificación reducen la nota de crédito a largo plazo de Atenas. Se disparan las tasas de interés de los préstamos griegos.

Marzo de 2010. Primer plan de austeridad.

Abril de 2010. Grecia pide ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Unión Europea (UE).

Mayo de 2010. Primer plan de “salvataje”, por una suma de 110.000 millones de euros a tres años. Se crea el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), con el objetivo de socorrer a los países de la zona euro con dificultades.

Junio y julio de 2010. Nuevo programa de austeridad para el período 2011-2016 y nuevo plan de “salvataje”, por unos 109.000 millones de euros, acompañado de una reducción del 20% de la deuda griega.

Octubre y noviembre de 2011. Nuevo plan de “salvataje” que prevé la recapitalización del sector bancario griego (106.000 millones de euros) y una reducción del 50% de los créditos en poder de las entidades bancarias. Papandreu propone someter este programa a un referéndum. Bajo la presión de Francia y Alemania, renuncia a la idea y abandona su cargo el 9 de noviembre. Lucas Papademos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), lo sucede a la cabeza de una coalición que une al Pasok, la derecha (Nueva Democracia, ND) y la extrema derecha.

Febrero de 2012. Nuevo plan de “salvataje”, por una suma de 130.000 millones de euros, acompañado de una reducción del 53,5% de los créditos en poder de agentes privados.

Traducción: Gabriela Villalba