*Por Pablo Miranda.
Se considera Gobernanza de Internet al desarrollo y aplicación por Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios compartidos, normas, reglas, procesos de toma de decisióny programas, que modelan la evolución y el uso de internet.
«Considero que hay gente que tiene la obligación de saber y no sabe, y esos son, justamente, legisladores y jueces. Legisladores que tienen que regular pero para ello, tienen que conocer y saber y si no, hacen lo que sale, y esto no es siempre lo mejor» expresó días atrás el Abogado Carlos Dionisio Aguirre (Especialista en temas relaciones a derechso en temas vinculados a Internet, *Ver detalles a pie de nota)en el marco del Seminario Taller denominado #GobernanzaDeInternet «Un análisis Politológico» organizado por la Cátedra de Introducción y Fundamentos de la Ciencia Política a cargo de la Prof. Mgter Cecilia Carrizo y el Lic. Andrés Crisafulli quienes ofician a la vez de Coordinadores en el marco del Programa de Extensión Universitaria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia.
- En entrevista realizada por Nic Ar
Aguirre es consultado: «¿Creés que es necesaria la creación de un nuevo derecho en ese sentido?» y responde:
– «Soy creador de esa frase, así que absolutamente. Desde hace 15 años en la catedra de Economía y Derecho de Internet de la Facultad de Derecho hablamos de la necesidad de un nuevo derecho. Cuando empecé a mencionar el tema no tuvo aceptación, pero ahora que ha tomado cuerpo esta postura, me enorgullezco y te digo: sí, necesitamos un nuevo derecho adecuado a los tiempos, gente que sepa para poder regular y una sociedad entera capacitada. Construir la capacidad del usuario, la de cada uno de los actores que trabajan en tecnología y con Internet, porque si no, no podemos lograr algo mejor para todos. En mi primera ponencia en el Congreso Mundial de Derecho Informático planteé el uso de Internet en el comercio como factor de desarrollo de economías emergentes. Definitivamente, para esas nuevas situaciones que generan nuevos hechos y actos jurídicos, necesitamos un nuevo derecho con características propias, preventivo, universal, armónico y que entienda el fluir de la tecnología».
Hay mucho por recorrer, regular, y garantizar derechos que están vinculados a la libertad de las personas, tanto en acceso a la sociedad de la comunicación como a la preservación de derechos esenciales individuales que pudieran verse vulnerados debido a los enormes espacios grises que existen al respecto.
Aguirre sostiene: «Tenemos que lograr legislaciones globales, armónicas, universales, que permitan el combate de delitos informáticos, la capacitación del usuario a nivel global y brinden las herramientas para construir algo mejor».
Otro de los aspectos a estudiar, analizar y regular en el campo de las TIC´S es la Política de la Inteligencia Artificial. El CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, realizó un informe respecto al tema:
La política de la Inteligencia Artificial: sus usos en el sector público y sus implicancias regulatorias
Los algoritmos son utilizados cada vez más en la sociedad para tomar decisiones que afectan nuestras vidas, desde la selección de las publicidades a las que nos exponemos en las redes sociales hasta los pilotos automáticos de los aviones en que viajamos. En muchos lugares del mundo, los gobiernos también los están comenzando a utilizar para proveer servicios públicos. Ya sea para definir la asignación de recursos (por ejemplo, decidir dónde se ubicarán cámaras de seguridad), agilizar procedimientos gubernamentales (como la elegibilidad de ciudadanos para recibir beneficios públicos), o para colaborar en la toma decisiones (por ejemplo, si una persona recibirá una fianza), la IA llegó para quedarse.
A pesar de la importancia de sus usos y decisiones, por el impacto directo que tiene en la vida de las personas y en sus derechos, las agencias gubernamentales que los utilizan suelen desarrollar e implementar sistemas de algoritmos con bajos niveles de transparencia, conocimiento público, y medidas de supervisión o responsabilidad.
Los algoritmos son creaciones humanas falibles. Potencialmente tienen tantos errores y sesgos como los procesos humanos y no siempre su procesamiento es transparente o auditable. Sin embargo, pocos países han manifestado la voluntad de regular, un número aún menor ha efectivamente aprobado alguna regulación, y su contenido difiere sustancialmente entre casos. Para la gran cantidad de países que aún no tienen regulaciones específicas (e incluso para quienes ya tienen alguna), la discusión es amplia y los modelos propuestos son variados, aunque se distinguen principalmente en dos grupos: aquellos que impulsan una regulación horizontal – por tipo de tecnología – de aquellos que impulsan una regulación vertical por sector.
Las líneas que siguen presentan cuatro temas claves para tomar en cuenta a la hora de analizar el uso, funcionamiento y regulación de la inteligencia artificial: la caja negra o apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección, y el manejo de la información, con especial énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales. Para analizar estos aspectos de la política de inteligencia artificial, en el mundo en general y para países en desarrollo en particular, se toma a la inteligencia artificial (IA) desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, aborda el rol de esta tecnología como sujeto de política pública, en tanto es una tecnología plausible de ser alcanzada por un andamiaje regulatorio particular, diseñado tanto para resguardar como para potenciar sus posibles usos. Por otro lado, identifica los usos de la IA como insumo de las políticas públicas, en tanto herramienta utilizada para llevar adelante políticas en materia de salud, educación, defensa y seguridad, y administración interna del Estado.
Para contribuir a un desarrollo sostenido, con equidad, es indispensable comenzar a discutir las implicancias que la IA trae para los países latinoamericanos: las oportunidades para potenciar la eficiencia del sector público y mejorar las capacidades estatales, los riesgos a tener en cuenta a la hora de utilizar estos algoritmos, y las posibilidades existentes en materia regulatoria.
Para analizar el uso, funcionamiento y regulación de la inteligencia artificial se deben tomar en cuenta la apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección, y el manejo de la información con énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales.
- En este enlace accede al informe en PDF del CIPPEC.
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*Abogado Carlos Dionisio Aguirre
Especialista en Derecho de los Negocios. Es Director Académico de la International Latin University. Fundador y actual Director Internacional de AGEIA DENSI -Asociación Grupo de Estudios e Investigación Académica en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de la Información-, ONG que cuenta con capítulos en varios países de América Latina. A su vez es Vice Presidente en ADIAR -Asociación Derecho Informático de Argentina- y Board Advisor de FIAM -Federación Internacional de Asociaciones Multimedia-Órgano Consultivo de Naciones Unidas para algunos de sus programas.También se desempeña como Profesor de Economía y de Economía y Derecho en Internet en la Facultad de Derecho y Cs. Soc. de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Editor Caminante Digital.