Carta de lector. Sr. Director:
Tengo un hijo de 19 años
que fue diagnosticado hace un año y medio en Bs.
As. Con Síndrome de asperger, luego de deambular
durante 17 años en la prov. de Santa Fe en busca
de un diagnóstico.
Somos oriundos de un pueblo
del noreste santafesino llamado Helvecia, donde no
existen más que médicos clínicos, por lo tanto
no podíamos realizar en el lugar la terapia que
él necesita. De todas las alternativas posibles,
nos inclinamos por el Centro Wernicke, de Córdoba
Capital, un centro especializado en esa temática
y para ello nos radicamos en Villa Giardino, ya
que la ciudad grande con sus ruidos y sus
movimientos estresa tremendamente a mi hijo.
Juan Manuel posee Certificado
Unico de Discapacidad otorgado a nivel nacional
con su respectivo pase libre en transporte urbano,
interurbano y a nivel nacional. Dicho pase no
tiene validez dentro la prov. de Córdoba, a
pesar de estar adherida a la Ley 24.901
, entonces debimos solicitar otro a nivel
provincial. Creo que no es posible describir con
palabras el vía crucis por que debe pasar cada
vez que necesita hacer uso del transporte.
Misteriosamente, el “ cupo” para
discapacitados ( uno por coche con acompañante)
siempre está cubierto.
Al respecto La Corte
Suprema de la Nación en un gesto humano que la
enaltece ratificó el día 26 de junio de 2010 que
el transporte público es gratuito para los
discapacitados derogando un decreto que ponía
límites a ese beneficio. DESDE ESE MOMENTO NO
EXISTEN CUPOS PARA DISCAPACITADOS EN LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE. El fallo unánime de la Corte
firmado el 1 de junio hizo lugar al pedido de los
Amado ( una familia de tres discapacitados) y
declaró inconstitucional el artículo. Está
claro: la sentencia ratifica la gratuidad del
transporte público para discapacitados y obliga
al Poder Ejecutivo a modificar el artículo 4
inciso B e implementar una limitación razonable.
Mientras no lo haga, no existen límites.
Esta situación fue planteada por
mí ante a través de notas a las Empresas de
transporte Lumasa, Ciudad de Córdoba y Sarmiento.
Jamás obtuve respuesta. Recurrí entonces al
ERSEP. El organismo respondió enviando un
Inspector vestido de civil para constatar el
incumplimiento de la ley.
Se hizo presente en
Villa Giardino, desde donde abordamos en primer
lugar un transporte diferencial Lumasa que no
aceptó el pase de mi hijo argumentando el chofer
que los discapacitados solamente pueden viajar en
transporte urbano ( otro error, ya que la Ley dice
claramente que pueden hacerlo hasta en servicio
ejecutivo). Lo mismo pasó con las Empresas Ciudad
de Córdoba y Sarmiento, quienes tenían “ el
cupo cubierto”.
El Inspector labró tres actas
haciendo constar las irregularidades, cuyos
duplicados obran en mi poder, pero al día de la
fecha nada ha cambiado. Debí efectuar, por otro
lado, dos denuncias penales, ya que un chofer de
la Empresa Ciudad de Córdoba recurrió a un
policía para bajarnos del coche ( hacía dos
horas que esperábamos en la Terminal de La Falda
para volver a nuestra casa) porque no quiso
escuchar mis argumentos y el mismo chofer, en otra
oportunidad, nos dejó subir al colectivo en
Capilla del Monte pero nos trató de manera
violenta verbalmente delante de todo el pasaje.
Desde ese momento, nunca más abordamos un coche
de esa Empresa.
Continué mi derrotero por la
Defensoría del Pueblo, donde me informaron sobre
las limitaciones que posee el Defensor en esta
provincia ( ¿?), me derivaron al área de salud,
donde, al menos fueron honestos, porque me
respondieron desconocer las leyes en materia de
transporte público de discapacitados. Poseo
también todo el material enviado al Organismo con
el acuse de recibo.
Finalmente, opté por enviar toda la
documentación al Gobernador de la provincia,
quien tampoco ha manifestado interés en resolver
estas cuestiones que tienen que ver con uno de los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, por
lo que me queda el camino de accionar contra el
estado provincial: los organismos de control no
funcionan y el estado no controla. Estamos, por lo
tanto, frente a una situación de indefensión y
desamparo muy grandes en esta provincia. Y no es
por falta de legislación: es por el
incumplimiento de la misma y la impunidad que eso
conlleva.
Ser discapacitado ya es una situación que
acarrea mucho dolor tanto para quien lo padece
como para su entorno. Por qué debemos pasar
también por estas situaciones tan degradantes?.
Tanto choferes de micros como encargados de
boleterías dicen “ cumplir órdenes”. Eso se
llama obediencia debida. Cuando está acorde con
la ley, no existe problema, pero es a ellos a
quien debí denunciar en su momento porque son los
que nos están negando nuestros derechos al
negarnos el pasaje, ya que las Empresas no han
respondido. ¿Cómo compruebo entonces que sus
empleados dicen la verdad? He recibido respuestas
tan disparatadas como humillantes de parte de los
mismos, tales como : “ si no ponemos cupo, se
nos va a llenar el coche de discapacitados” (
son PERSONAS, en primer lugar, y es absolutamente
poco probable que puedan llenar un coche), “ su
hijo no parece discapacitado” ( como si fuesen
expertos en neurología…), “ hay muchos
certificados ‘truchos’ “ ( existe un código
de barras en cada certificado y la dirección
electrónica donde pueden constatar la veracidad)
A la vera de la ruta 38, los alumnos de las
escuelas especiales con pase libre, suelen estar
horas esperando que algún chofer con sentido
humanitario los lleve de vuelta a sus hogares. Uno
de los grandes problemas en este sector de Punilla
( norte) es que no existe en ninguna Terminal de
ómnibus ningún representante de la Secretaría
de Transporte a quien recurrir frente a algún
problema. Es zona liberada, por lo tanto se
manejan de manera impune y discrecional.
Sería
muy atinado que se piense en la posibilidad de
que, en Cosquín o en La Falda, por ej., exista un
delegado, o de la Secretaría de Transporte o del
ERSEP, para que no vivamos esta sensación de
estar “ en tierra de nadie” y nos resulte más
sencillo el reclamo.
“Donde hay poca justicia es grave tener
razón”, decía Quevedo. Pero de algún modo hay
que cambiar el statu quo. Si en este lugar no
existe la predisposición necesaria ni el hábito
por hacer cumplir la ley, hay que seguir. Nuestros
hijos están protegidos por Leyes a nivel
internacional a las cuales Argentina adhirió en
forma plena. Y tengo entendido que Córdoba no es
un país aparte.
Muchas gracias, Sr. Director. Atentamente.-
Lucina Adriana G. Farioli