La Unicameral de Córdoba sancionó la iniciativa impulsada por el legislador socialista Matías Chamorro. El proyecto de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por sus trabajadores, crea un marco jurídico para que
los trabajadores sostengan las unidades productivas a través del cooperativismo, en un contexto de fuerte destrucción del empleo privado.
La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves la Ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por sus trabajadores, una iniciativa presentada por el legislador provincial Matías Chamorro. El proyecto establece un procedimiento y protocolo de acompañamiento junto al Ministerio de Justicia y Trabajo, y prevé asistencia técnica, líneas de crédito, capacitación y beneficios fiscales para fortalecer la sustentabilidad de las cooperativas.
La aprobación llega en un escenario crítico para el empleo y el entramado productivo del país. Los datos en la provincia reflejan el impacto de las políticas nacionales: en los últimos dos años se destruyeron 11.200 empleos privados formales y sólo en el último año cerraron 2.187 empresas, un promedio de seis cierres por día. A este panorama se suman 73 Procedimientos Preventivos de
Crisis, miles de trabajadores suspendidos y un aumento sostenido de la conflictividad laboral en los últimos meses.
Frente a este diagnóstico, el legislador socialista Matías Chamorro señaló: “Esto sin duda se debe al modelo impulsado nacionalmente. Hay una ausencia de proyecto productivo. No alcanza con el equilibrio fiscal. Necesitamos que haya trabajo, se defiendan nuestras PYMES y haya trabajo digno. Es un problema de modelo, que probablemente este proyecto no pueda solucionar, pero sí en el mientras tanto debemos y es nuestra responsabilidad aportar soluciones inmediatas para proteger
las unidades productivas y el trabajo de Córdoba.”
Actualmente, en Córdoba ya existen 27 cooperativas de trabajo que surgieron como empresas recuperadas, sosteniendo de forma directa más de 800 puestos de trabajo. Sin embargo, el universo potencial es alarmante: de las más de 52 mil empresas registradas en la provincia, la gran mayoría son PyMEs de menos de 50 trabajadores, hoy severamente afectadas por la crisis económica nacional.
“El cierre de una empresa no es solo un problema económico: es un drama social que golpea a familias enteras y vacía las economías de nuestro pueblo. Detrás de cada unidad productiva que cierra, hay al menos diez familias: padres y madres que
se quedan sin saber cómo van a llegar a fin de mes, hijos que ven a sus viejos apagarse, mesas donde de repente falta el pan”, agregó el legislador.
Con esta sanción, Córdoba busca diferenciarse de la gestión macroeconómica nacional y dar previsibilidad a los sectores productivos más vulnerables. “Esta ley es eso: la decisión del Estado provincial de estar presente cuando una empresa cae, de darles una herramienta clara a los que eligen pelear por su fuente laboral en lugar de resignarse”, concluyó Chamorro.