La semana pasada todos los medios apuntaban sus cámaras hacia Davos, una pequeña ciudad suiza donde se congregaba la “crème de la crème” de los empresarios de todo el mundo.
Pero no sólo había mujeres y hombres de negocios, también asistieron algunos presidentes y jefes de gobierno. Porque en el Foro Económico de Davos se marca la cancha de la economía para los próximos meses.
Uno de los que acudió fue Mauricio Macri, nuevo presidente de la Argentina. No conforme con desmantelar la Ley de Servicios Audiovisuales en su país (cómo bien explican los compas de CPR en esta línea del tiempo) se reunió con el CEO de Microsoft Satya Nadella. También lo hizo con Eric Schmidt, de Google, y Sheryl Sandberg, de Facebook.
Al día siguiente, muchos medios celebraron, con bombos y platillos, el gran acuerdo que sellaron en el que Microsoft se comprometió a “regalar” software a todos los estudiantes argentinos. ¡Serán brutos!
Antes de nada, quiero aclarar que esto no se trata de gobiernos de izquierdas o de derechas. Los dos anteriores presidentes de Argentina (y otros de América Latina) también llegaron a grandes acuerdos con representantes de Microsoft aunque también es cierto que hicieron algunos esfuerzos (muchas veces de cara a la galería) por apoyar al software libre.
El Gobierno presidido por Nestor Kirchner fue el gran aliado de Microsoft en 2005 en el programa Mi PC facilitando créditos para la compra de computadoras en la que la empresa gano millones de dólares. En 2012, Cristina Fernandez firmó un acuerdo de “desarrollo sustentable” con el director de la compañía de aquel tiempo Brian Turner, lo que provocó una airada protesta en las comunidades de Software Libre.
Por eso, reitero, que independientemente de la tendencia con la que se identifiquen nuestros gobernantes, la verdad es que, hoy por hoy, sólo Bolivia y Uruguay y Venezuela (todos ellos con sus más y sus menos) han aprobado leyes concretas y vinculantes para el desarrollo de las tecnologías libres y los estándares abiertos en el Estado. Sin dejar de recordar a Brasil, pionero de este movimiento y a Ecuador, que como en muchas otras cosas, se quedó más en las palabras que en los hechos.
Cuando una empresa como Microsoft te da algo “gratis” lo que está haciendo es ganar futuros clientes para sus aplicaciones. Es la muestra gratis de una nueva salchicha que te dan en el supermercado para que luego la compres. El problema es que, en este supermercado, sólo hay tres clases de salchichas y el presidente de Argentina, con este acuerdo, obliga a todo su país a comer de una sola.
Educar con software privativo sólo esclaviza y genera dependencia tecnológica de un sólo producto, el de una gran empresa que monopiliza con prácticas desleales (acuerdos con fabricantes de hardware, por ejemplo) el mundo de la computación.
Microsoft, además, gana con estos acuerdos miles y miles de millones ya que asegura que el gobierno Argentino compre licencias de sus programas informáticos. Se calcula que cada uno de los países latinoamericanos pueden llegar a gastar hasta 70 millones de dólares al año en licencias de software para la administración pública. Aunque no todas son para programas de esta compañía, Microsoft se llevan una buena tajada. El año pasado esta compañía ingresó más de 21 mil millones (21.7 billones si lo prefieres).
Es muy difícil encontrar cifras exactas de la inversión en licencias de los Estados. Y no sólo en América Latina, pasa en otros muchos países. La mayoría de contratos se esconden tras claúslas oscuras y acuerdos de confidencialidad. Este dato lo hemos tomado de un artículo publicado sobre las inversiones que hace el Gobierno de Chile en licencias de Software. En República Dominicana, por ejemplo, hablan de unos 36 millones.
En otros casos, las licencias se subsumen en partidas de “Sistemas informáticos”. Es lo único que hemos encontrado relacionado con “software” en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para 2016. A esta partida se destinan más de 350 millones de pesos argentinos. Suponiendo que sólo el 10% de ese rubro se gaste en licencias de software, estamos hablando que sería un poco menos del los 37 millones de pesos que se destinaron en el presupuesto de 2015 para el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software” que financia proyectos nacionales de investigación y desarrollo relacionados a las actividades comprendidas en el Régimen de Promoción de la Industria del Software.
Hablamos de que se estaría destinando la misma cantidad de recursos en una sola ciudad a pagar licencias a empresas privadas (muchas de esas licencias se podría ahorrar usando software libre) que al fomento del desarrollo de la industria del software en todo el país.
Con todo este dinero el país podría fortalecer la distribución Huayra. Un software libre destinado para la educación y convertirse en una potencia de la programación informática. El software libre no sólo permite ahorrar mucho dinero en licencias, si no desarrollar habilidades prácticas en los estudiantes y fomentar la industria nacional.
Cuando en el mundo todos los estudiosos indican que los programadores serán los profesionales con menos desempleo, nuestros países se empeñan a educar con software privativo con el que es imposible aprender más allá de lo que las empresas quieren. Una caja cerrada que nunca sabremos cómo funciona o cómo podemos mejorar.
Nuestros gobernantes se dejan engatusar con los cantos de sirena de estos grandes monopolios y no destinan recursos al desarrollo libre y abierto de las mentes de sus jóvenes ciudadanos.
Mientras estos acuerdos se producen, el software libre, aunque nos duela reconocerlo, parece no pasar por su mejor momento. Los pocos gobiernos aliados se van desentendiendo y la Free Software Foundation pide a gritos en estos días un salvavidas económico para seguir a flote (ya casi lo logran). Por otro lado, las empresas de hardware consolidan sus acuerdos con Microsoft para blindar desde la bios la instalación de cualquier programa que no sea de su agrado, es decir, Windows.
En este mundo cínico donde nuestros mandantarios prefieren apostar a los transgénicos antes que a las semillas nativas, a los bancos antes que a los desahuciados, a los hospitales privados antes que a la sanidad pública, el software libre, el acceso abierto al conocimiento y la cultura libre parecen no estar ya en las agendas de ninguno de ellos. ¡Serán brutos!